DESESTIMACIÓN DE LA RECUSACIÓN PORQUE NO CONCURREN

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AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


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DESESTIMACIÓN DE LA RECUSACIÓN PORQUE NO CONCURREN LAS CAUSAS INVOCADAS POR LA RECUSANTE Transcripciones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 
Los letrados del Parlamento de Cataluña suscritos, en representación y 
defensa de la Cámara, según tienen acreditado en autos del recurso de 
inconstitucionalidad núm. 8045-2006 presentado por más de cincuenta 
diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con 
diversos preceptos de la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, como mejor proceda en derecho  
 
 
DICEN 
 
 
Que en fecha 17 de noviembre de 2006 les ha sido notificada la providencia 
relativa a la pieza separada de recusación en el recurso de inconstitucionalidad 
número 8045-2006 propuesta por la parte recurrente contra el Excmo. Sr. Don 
Pablo Pérez Tremps, a fin de que en el plazo de tres días manifiesten si se 
adhieren o se oponen a la causa de recusación propuesta o si, en este 
momento, conocen alguna otra causa de recusación. 
 
Que dentro del plazo conferido esta representación formula su oposición a la 
propuesta de recusación hecha por la parte recurrente de acuerdo con los 
siguientes motivos: 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
1. LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LOPJ Y DE LA LEC EN MATERIA 
DE RECUSACIÓN Y ABSTENCIÓN EN LOS PROCESOS DE 
INCONSTITUCIONALIDAD DEBE HACERSE CON CARÁCTER 
ESPECIALMENTE RESTRICTIVO. 
 
El artículo 80 de la LOTC establece que los preceptos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil se aplicarán con carácter 
supletorio en materia de recusación y abstención, entre otras. 
 
La llamada a normas procesales generales como supletorias de la LOTC 
derivan del carácter de órgano jurisdiccional que corresponde al Tribunal 
Constitucional; por ello no es extraño que la LOTC utilice la supletoriedad como 
herramienta de integración de sus eventuales lagunas y omisiones. Ahora bien, 
el hecho de que la jurisdicción constitucional sea una auténtica jurisdicción que 
actúa mediante verdaderos procesos jurisdiccionales, no debe hacer olvidar 
que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, tal como, 
tempranamente, señaló el mismo Tribunal (STC 9/1981).  
 
El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Su 
posición le sitúa fuera y por encima del Poder Judicial, en la medida que la 
Constitución lo crea como único órgano con competencia para juzgar sobre la 
constitucionalidad de las leyes, a las cuales, por el contrario, el Poder Judicial 
se halla sometido. 
 
Los procesos constitucionales son procedimientos jurisdiccionales con un fin 
específico: guardar y, en su caso, restablecer la supremacía de la Constitución. 
La función del Tribunal Constitucional es garantizar la supremacía de la 
Constitución y defenderla de los otros poderes constituidos, a fin de que éstos 
no pretendan suplantar al constituyente, mientras que los órganos que integran 
el Poder Judicial ejercen su función en todo tipo de procesos, juzgando y 
haciendo ejecutar lo juzgado para tutelar los derechos y legítimos intereses de 
 2
 
 
 
 
 
 
quienes acuden a los jueces y tribunales. Por ello la misma LOTC (artículo 80) 
no establece una cláusula de supletoriedad general que llame a la LOPJ o a la 
LEC en su totalidad, sino sólo y exclusivamente para ciertos supuestos, 
mediante una lista cerrada de materias, entre las que se hallan los preceptos 
relativos a la recusación y abstención. 
 
La posibilidad de recusar a un juez o a un magistrado responde a la necesaria 
imparcialidad que debe regir en toda actuación jurisdiccional. Para ello la 
recusación se constituye como una excepción al juez predeterminado por la 
Ley, el cual si se dan los requisitos legales para que la recusación prospere, 
será substituido por otro, de acuerdo con el procedimiento que también está 
establecido en la Ley.  
 
En la medida que la recusación es un instrumento excepcional para garantizar 
la independencia e imparcialidad del órgano jurisdiccional --porque el 
instrumento ordinario que garantiza tales cualidades es la predeterminación 
legal del Juez--, y para evitar que sea utilizado por las partes procesales como 
instrumento para alterar cuál haya de ser el juez predeterminado por la Ley, la 
LOPJ establece una lista taxativa de causas para recusar y exige un conjunto 
de requisitos de carácter formal, que garanticen que la recusación no sea una 
arma procesal en la disputa entre las partes, porque, tal como manifestó el 
Tribunal Constitucional en la STC 162/1999, apartar a un Juez de un caso 
“exige fundadas razones que eliminen cualquier posibilidad de utilizar 
interesadamente este mecanismo de garantía para seleccionar o separar al 
Juez tomando como base la preferencia o rechazo del justiciable hacia sus 
cualidades personales” (FJ 8) 
 
La lista de causas de abstención y, en su caso, de recusación está establecida 
en el artículo 219 LOPJ. Por otro lado, los requisitos formales se refieren 
esencialmente a quien puede recusar (artículo 218 LOPJ), en que tiempo se 
puede recusar (artículo 223.1 LOPJ) y en que forma se debe recusar (artículo 
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223.2 LOPJ). Estos serían básicamente los preceptos llamados a suplir la 
omisión de una regulación específica de la abstención y recusación de los 
Magistrados del Tribunal Constitucional. 
 
Ahora bien, incluso entre los preceptos incluidos expresamente en el artículo 
80 LOPJ, no puede procederse a una aplicación supletoria de carácter 
indiscriminado, ya que la supletoriedad sólo sería admisible si los preceptos 
llamados a integrar la laguna u omisión de la LOTC no van contra la 
configuración constitucional del Tribunal, o lo que sería lo mismo, contra la 
propia LOTC, contra la posición especial del Tribunal  como órgano 
jurisdiccional o contra la finalidad del proceso de inconstitucionalidad.  
 
Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 1.2 LOTC, el Tribunal 
Constitucional es único en su orden y que, de conformidad con el artículo 10. a 
LOTC, el Tribunal en Pleno conoce de los recursos y de las cuestiones de 
inconstitucionalidad. Ello implica que los Magistrados que integran el Tribunal 
no pueden ser substituidos en los casos en que deban abstenerse o en los que 
una eventual recusación prospere. Haciéndose eco de esta circunstancia, el 
mismo Tribunal en su Auto de 2 de noviembre de 2006, señala que tal 
circunstancia impone una interpretación más restrictiva del ámbito de las 
causas de recusación. 
 
Por ello, esta representación considera que, en la recusación de Magistrados 
del Tribunal Constitucional en los procedimientos de declaración de 
inconstitucionalidad, deben aplicarse las causas de abstención y recusación 
establecidas en el artículo 219 LOPJ de forma estricta y restrictiva, sin que en 
su interpretación puedan utilizarse criterios analógicos, máxime teniendo en 
cuenta que el objeto del litigio implica, en el caso del recurso, un juicio 
abstracto sobre la constitucionalidad de la Ley o acto con fuerza de Ley que se 
somete al Tribunal, por lo que el interés de las partes en el proceso, defiendan 
 4
 
 
 
 
 
 
o ataquen la norma impugnada, es el mantenimiento de la supremacía de la 
Constitución. 
 
Esta misma posición restrictiva debe aplicarse a los requisitos formales 
exigidos por la LOPJ. Ni la recusación por una causa conocida puede 
plantearse por quien no sea parte en el proceso, ni puede plantearse en el 
momento procesal que la parte recusante crea oportuno, ni puede dejar de 
aportarse la documentación que acredite suficientemente la voluntad de 
recusar. 
 
Por otro lado, no puede dejar de recordarse que el artículo 228 LOPJ determina 
que el auto que desestime la recusación “(…) condenará en costas al 
recusante, salvo que concurrieren circunstancias excepcionales que justifiquen 
otro pronunciamiento”. Así mismo, el mismo artículo prevé la imposición de 
multas para el caso que la resolución del incidente declare expresamente la 
existencia de mala fe. A ello cabe añadir que el artículo 95.2 LOTC establece 
que el tribunal podrá imponer las costas que se derivaren de la tramitación del 
proceso a la parte o partes que hayan mantenido posiciones infundadas, si 
apreciare temeridad o mala fe. Estos mecanismos, de carácter netamente 
disuasorio, no tienen otro objetivo que asegurar que la recusación se mantenga 
como instrumento de garantía de la imparcialidad del órgano jurisdiccional y no 
como arma procesal para alterar quien deba ser el Juez predeterminado por la 
Ley. 
 
2. LA RECUSACIÓN PLANTEADA NO REÚNE LOS REQUISITOS 
FORMALES QUE EXIGE EL ARTÍCULO 223 LOPJ 
 
La recusación del Excmo. Sr. D. Pablo Pérez Tremps se planteó el 31 de julio 
de 2006 por el Comisionado del grupo de más de cincuenta diputados del 
Grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, en nombre de los 
mismos, en relación al recurso de inconstitucionalidad promovido por los 
 5
 
 
 
 
 
 
mismos contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de 
julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (recurso número 
8045/2006). 
 
Si bien desde el punto de vista temporal el planteamiento de la recusación 
cumplía con el requisito establecido en el artículo 223.1 LOPJ,  en la medida 
que la recusación se proponía el mismo día en que se interponía el recurso --lo 
que determinaba que los recurrentes devenían parte en el proceso, y en la 
medida que “sólo las partes legítimas pueden recusar, comprendiéndose tanto 
las que sean parte como aquellas que tengan derecho a serlo, pero éstas sólo 
podrán proponer la recusación una vez que se personen en el proceso de que 
se trate”(ATC 109/1981, FJ 1). En todo caso, la recusación propuesta no se 
acompañaba del poder especial para la recusación de que se trataba, lo que 
implicaba la infracción del artículo 223.2 LOPJ, sin que sea suficiente un poder 
general para recusar (entre otros, AATC 379/1993 y 380/1993) 
 
A fin de subsanar dicho defecto, el Tribunal, mediante providencia de 28 de 
septiembre de 2006, concedió a la parte recurrente un plazo de diez días para 
que aportara el poder especial requerido.  Con fecha de 5 de octubre, el 
Comisionado del grupo de más de cincuenta diputados del Grupo 
parlamentario Popular del Congreso de los Diputados presentó ante el Tribunal 
un poder especial, mediante el que los poderdantes facultaban a dicho 
comisionado, entre otras personas, para que “en relación al recurso de 
inconstitucionalidad contra el estatuto de Autonomía de Cataluña, planteado 
con fecha 31 de Julio de 2006, cuyo conocimiento está encomendado al Pleno 
del Tribunal, puedan instar la recusación del Magistrado Excmo. Sr. Don Pablo 
Pérez Tremps por entender que ha intervenido en el objeto del pleito con 
anterioridad al recurso, como Magistrado Constitucional (…)”. 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
La lectura del poder especial presentado merece dos consideraciones.  
 
En primer lugar, el poder tal como se halla redactado no ratifica la recusación 
propuesta por el Comisionado en fecha 31 de julio de 2006, sino que lo 
apodera para que pueda instar la recusación, lo que determina que se trata de 
un poder para el futuro, que no subsana, ni pretende hacerlo, las actuaciones 
llevadas a cabo con anterioridad. Ello determina que la apariencia de buen 
derecho que implicaba el hecho de que la recusación se propusiera el mismo 
día de la interposición del recurso, quede frustrada por la voluntad manifiesta 
de los poderdantes de que dicha actuación se haga en el futuro, lo que 
determinaría su inadmisión a tenor de lo dispuesto en el artículo 223.1 LOPJ. 
 
La segunda consideración hace referencia a la identidad entre la parte 
recurrente y la recusante.  De acuerdo con el artículo 218 LOPJ y con la 
doctrina del Tribunal Constitucional citada más arriba, quien no es parte no 
puede recusar.  El artículo 162.1, a CE legitima a 50 o más Diputados para 
interponer, por medio de un Comisionado suyo previamente apoderado ad hoc, 
un recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional ha manifestado 
que la legitimación lo es a una agrupación ocasional de 50 o más diputados, y 
que no significa “(…) una legitimación a cada uno de ellos uti singuli de la que 
podría derivar, entre otras consecuencias, una pluralidad de partes actoras que 
ejercieran sus acciones por medio de una demanda única y vinculados entre sí 
por una figura análoga al litis consorcio activo (…)” (ATC 874/1985, FJ 1). 
 
La legitimación se confiere a una parte de un órgano constitucional con un 
límite cuantitativo que la Constitución establece como garantía del alto interés 
del recurso, interés que no se contempla por la Constitución desde la 
perspectiva de los sujetos individuales «sino en virtud de la alta cualificación 
política que se infiere de su [el de los 50 Diputados] respectivo cometido 
constitucional» (STC 5/1981, FJ 3). 
 
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El artículo 162.1, a CE establece que 50 Diputados pueden interponer el 
recurso de inconstitucionalidad; tal límite cuantitativo no impide que la 
agrupación ocasional, en terminología del Tribunal Constitucional, puedan 
integrarla un número mayor de Diputados. La Constitución establece un 
mínimo; el máximo lo determinarán las circunstancias que en cada momento 
permitan una mayor o menor agregación de Diputados al planteamiento de un 
mismo recurso. Ahora bien, una vez el recurso se ha presentado, sea por 
cincuenta Diputados o sea por setenta, estos constituyen una parte procesal de 
naturaleza única y no litisconsorcial, sino “de la concurrencia de voluntades en 
la decisión impugnatoria y sólo tienen existencia jurídica como parte en el 
proceso que con esa impugnación se inicia” (STC 42/1985, FJ 2) lo que 
determina que en aquellas actuaciones en que se requiera una manifestación 
de voluntad de la parte procesal --como es el caso del poder especial para 
recusar-- esta manifestación deben efectuarla en conjunto todos los Diputados 
que han constituido la agrupación ocasional para recurrir, y ello porque “cada 
Diputado no es ni titular ni dueño de una acción de la que pudiera disponer a lo 
largo del proceso de inconstitucionalidad individualmente” (ATC 874/1985, FJ 
1). De otra forma podría ocurrir que, habiéndose constituido una parte procesal 
con cien Diputados se admitiera, por ejemplo que con sólo 50 de ellos fuera 
posible recusar y, al mismo tiempo, con los otros 50 fuera posible desistir de la 
recusación. 
 
La legitimación para recurrir no se establece en beneficio de los grupos 
parlamentarios, por muy numerosos que sean, ya que en el “proceso 
constitucional la legitimación no se establece en términos abstractos, sino que 
se confiere a un actor concreto, los órganos o las fracciones de órgano 
determinados en los arts. 162.1 a) C.E. y 32 LOTC (STC 25/1981, fundamento 
jurídico 2º). Con la particularidad de que la legitimación para interponerlo está 
atribuida «a la agrupación ocasional o ad hoc de cincuenta Diputados o 
Senadores, que se unen al solo efecto de impugnar la validez constitucional de 
una Ley» y no al Grupo Parlamentario” (ATC 56/1999, FJ 2; en un mismo 
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sentido el ATC 244/2000). Por ello el Tribunal ha considerado que “(…) la 
circunstancia de pertenecer al mismo grupo (…) no implica la atribución de la 
legitimación que ostentaban los Diputados promotores”. 
 
Pues bien, el Comisionado, al interponer el recurso manifiesta qua actúa en 
nombre de un colectivo determinado de Diputados, en total 99, lo cual acredita 
mediante un poder general para pleitos y una declaración conjunta de dichos 
Diputados, de fecha 28 de julio de 2006, en la que manifiestan su voluntad de 
interponer recurso de inconstitucionalidad “contra la Propuesta de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña”.   Dicha manifestación casaba mal con el 
objeto del recurso interpuesto, que se planteó contra determinados preceptos 
de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, por lo que con fecha 14 de septiembre de 2006, el 
Comisionado presentó un escrito alegando la existencia de un error material y 
solicitando que se tuviera por rectificado; por otro lado, en fecha 19 de 
septiembre, se produjo una nueva manifestación en que el grupo de Diputados 
rectificaba el acuerdo de 28 de julio y declaraba que su voluntad de recurrir lo 
era para con la Ley Orgánica y no para con la Propuesta. Con ello quedó 
determinado como se configuraba la parte procesal recurrente, ya que otros 26 
Diputados, que según se afirmaba en el escrito de interposición, también se 
adherían al recurso,  no consta que hiciesen uso de la facultad que les 
concedió el Tribunal mediante la Providencia de 27 de septiembre, mediante la 
aportación de los documentos requeridos por el Tribunal para considerarlos 
recurrentes. 
 
Por su parte, el poder especial para recusar presentado por el Comisionado, 
fue otorgado por  75 Diputados, todos ellos miembros del Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso de los Diputados.  Sin embargo, un numeroso grupo de 
Diputados que promovieron el recurso de inconstitucionalidad, --D. Mariano 
Rajoy Brey; D. Eduardo Zaplana Hernández-Soro; D. Jorge Fernández Díaz; 
Dña. Ana Torme Pardo; D. Manuel Atencia Robledo; D. Tomás Burgos Gallego; 
 9
 
 
 
 
 
 
D. José Ignacio Echaniz-Salgado; D. Arsenio Miguel Fernández de Mesa y 
Díaz del Río; D. José Folgado Blanco; D. Joaquín Mª García Díez; Dña. Julia 
García Valdecasas; D. Jesús López-Medel Bascones; D. Luis Marquínez 
Marquínez; D. Juan José Matarí Saez; Dña. Lourdes Méndez Monasterio; D. 
Mario Mingo Zapatero; Dña. Mª Dolores Nadal i Aymerich; D. Julio Padilla 
Carballada; Dña. Mª Dolores Pán Vázquez; Dña. Ana Mª Pastor Julián; D. 
Jesús María Posada Moreno D. José Avelino Sánchez Menéndez; D. Aurelio 
Antonio Sánchez Ramos; D. Francisco Utrera Mora; y Dña. Celia Villalobos 
Talero--, no constan como poderdantes en la escritura del poder especial 
presentada por el Comisionado.  
 
Por otro lado, los Diputados D. Luís Gamir Casares, D. Francisco Vicente 
Murcia Barceló y Dña. Maria Angels Ramon-Llin i Martinez, que no se 
integraron en la agrupación de Diputados que interpusieron el recurso, 
apoderan al Comisionado para recusar en un recurso del que no integran 
ninguna de las partes procesales. 
 
Quien no es parte no puede recusar, y es evidente que la agrupación de 
diputados que adquirió la condición de parte recurrente mediante la 
interposición del recurso no es la misma agrupación que la que se ha producido 
para recusar al Excmo. Sr. D. Pablo Pérez Tremps, a pesar de la identidad 
individual de la mayoría de sus miembros, aunque no de todos. Por ello, la 
recusación debería inadmitirse, de conformidad con el artículo 118 LOPJ, por 
falta de legitimidad procesal de quienes la proponen. 
 
3. LA RECUSACIÓN PROPUESTA TIENE CARÁCTER TEMERARIO 
 
La recusación propuesta se fundamenta en las causas correspondientes a los 
números 6, 10, 13 y 16 del artículo 219 LOPJ. Sin perjuicio del análisis 
pormenorizado de los argumentos que se presentan en la propuesta de 
recusación, esta representación quiere hacer constar que, con carácter 
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general, las motivaciones alegadas por el Comisionado son las mismas que el 
Grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados planteó como 
propuesta de recusación del Excmo. Sr. D. Pablo Pérez Tremps con motivo del 
recurso de amparo constitucional que dicho grupo parlamentario interpuso en 
relación con los Acuerdos del 18 y 25 de octubre de 2005, de la Mesa del 
Congreso, sobre calificación y admisión a trámite como proposición de ley de 
reforma de Estatuto de Autonomía de la proposición de Ley Orgánica remitida 
por el Parlamento de Cataluña, sin perjuicio que en aquella propuesta, el Grupo 
parlamentario Popular fundamentara la recusación únicamente en la causa 16 
del artículo 219 LOPJ. 
 
Es público que el incidente de recusación fue resuelto mediante el ATC 
18/2006, de 24 de enero, y que en dicho Auto el Tribunal desestimó la 
recusación con los argumentos que constan en el mismo; pero además de 
público, en la medida que la parte recurrente en el recurso de 
inconstitucionalidad del que trae causa el presente incidente de recusación, 
está integrada totalmente por Diputados del Grupo parlamentario Popular en el 
Congreso de los Diputados, es indudable que los mismos no deberían 
desconocer que el Tribunal ya se ha pronunciado sobre la falta de fundamento 
de la recusación en los términos planteados, como mínimo por lo que se refiera 
a la causa 16 del artículo 219 LOPJ.   
 
Esta actuación de los recusantes implica un comportamiento procesal como 
mínimo temerario; si bien es posible que éstos no hayan actuado, al sostener la 
recusación propuesta, con dolo o mala fe, elemento que determinaría la 
sanción establecida en el artículo 228.1 LOPJ, no puede dejar de calificarse 
dicha actuación como temeraria “entendiendo por tal el ejercer una pretensión 
(…) que una elemental indagación sobre los fundamentos de tal pretensión 
hubiera llevado, sin dificultad, a saber que carece de toda fundamentación” 
(ATC 305/1982, FJ 2).  
 
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Esta constituiría, además, una causa de inadmisión  a limine de la recusación 
propuesta, tal como sostiene el Tribunal en el Auto del 2 de noviembre de 
2006, en el sentido que sería licita la inadmisión de las recusaciones que, por el 
momento en que se suscitan, su reiteración u otras circunstancias ligadas al 
proceso concreto, son formuladas con manifiesto abuso de derecho o entrañan 
fraude de ley o procesal (FJ 2). 
 
4. LA RECUSACIÓN DEBE SER DESESTIMADA PORQUE NO 
CONCURREN LAS CAUSAS INVOCADAS POR LA RECUSANTE 
 
El incidente de recusación ha sido planteado por entender la recusante que el 
magistrado Excmo. Sr. Don Pablo Pérez Tremps ha intervenido en el objeto del 
recurso de inconstitucionalidad núm. 8045-2006 presentado en relación con 
diversos preceptos de la LO 6/2006, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, con anterioridad a su designación como magistrado del Tribunal 
Constitucional y que ello le priva de la necesaria imparcialidad. 
 
Mediante escrito presentado el 31 de julio de 2006, la recusante funda su 
recusación en el carácter de un trabajo realizado por el catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, Don Pablo Pérez Tremps, 
por encargo del Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalidad de 
Cataluña, cuyo título es “La acción exterior y la participación europea ante una 
posible reforma del Estatuto de Cataluña”, y que fue publicado el año 2004 por 
la mencionada institución en el libro Estudios sobre la reforma del Estatuto. El 
contenido de dicho trabajo no es a criterio de la recusante un estudio 
meramente académico sino un dictamen profesional emitido sobre el objeto del 
recurso de inconstitucionalidad 8045-2006 y ello determina que la imparcialidad 
del magistrado Excmo. Sr. Don Pablo Pérez Tremps se vea contaminada para 
poder intervenir en la resolución del recurso de inconstitucionalidad 
referenciado. 
 
 12
 
 
 
 
 
 
A este respecto esta representación debe reiterar en primer lugar que el citado 
magistrado ya fue objeto de recusación con idéntico supuesto fundamento por 
parte del mismo sujeto recusante con ocasión de la tramitación del recurso de 
amparo 7703-2005. Consiguientemente los hechos planteados en el presente 
incidente de recusación ya fueron examinados por el Tribunal Constitucional a 
través del Auto 18/2006 en el que se desestimó la recusación formulada contra 
el magistrado Excmo. Sr. Don Pablo Pérez Tremps. En dicho Auto el Tribunal 
Constitucional estableció literalmente que la publicación realizada por el 
Excmo. Sr. Don Pablo Pérez Tremps “se mueve exclusivamente en el campo 
de la contribución académica, racional, doctrinal y teórica” y “está temporal y 
orgánicamente desconectada del concreto proceso de reforma estatutaria”. 
Este pronunciamiento del Tribunal Constitucional podría bastar para desestimar 
la presente recusación por cuanto las causas en las que pretende fundarse ya 
fueron examinadas y desestimadas en el ATC 18/2006. Con todo, esta 
representación, tomando en cuenta los fundamentos jurídicos del citado Auto, 
alegará para oponerse a la recusación planteada por la recusante a través de 
su escrito de 31 de julio de 2006.  
 
La recusante invoca la concurrencia de cuatro de las causas previstas por el 
artículo 219 de la LOPJ, concretamente las contenidas en los apartados 6, 13, 
10 y 16 del citado precepto. 
 
En relación con la causa establecida por el apartado 6 del artículo 219 de la 
LOPJ cabe recordar que en dicho precepto se establece como causa de 
recusación “haber sido defensor o representante de alguna de las partes, 
emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado, o intervenir en él como 
fiscal, perito o testigo”. A este propósito la recusante considera que “el Excmo. 
Sr. Magistrado Don Pablo Pérez Tremps ha emitido dictamen sobre lo que hoy 
es objeto de enjuiciamiento por este Alto Tribunal: la adecuación o no de esa 
norma a la suprema norma constitucional”. Dicho en otras palabras para la 
recusante el trabajo realizado por el Excmo. Don Pablo Pérez Tremps era un 
 13
 
 
 
 
 
 
dictamen que se proyectaba directamente sobre el objeto del recurso de 
inconstitucionalidad núm. 8045-2006, es decir, sobre el texto de la reforma del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña.  
 
Sobre esta causa de recusación esta representación tiene que señalar en 
primer lugar que, tal como se desprende de la publicación en la que se 
contiene, el trabajo titulado La acción exterior y la participación europea ante 
una posible reforma del Estatuto de Cataluña no es completamente nuevo ni su 
autoría corresponde enteramente al Excmo. Sr. Don Pablo Pérez Tremps. En 
efecto, en la publicación se señala que el texto se basa en “trabajos anteriores, 
la mayor parte de ellos publicados” y que “una parte del mismo no es sino la 
reelaboración de algunos pasajes” de una obra realizada con otros autores. Así 
lo reconoce el Tribunal Constitucional cuando en el ATC 18/2006 constata que 
“el texto se basa en trabajos anteriores, la mayor parte publicados, algunos de 
los cuales fueron elaborados en colaboración con otros profesores a los que 
agradece la autorización para su reutilización” y concluye que “se mueve 
exclusivamente en el campo de la contribución académica, racional, doctrinal y 
teórica sobre las diversas opciones y posibilidades de tratamiento jurídico que 
ofrece el marco constitucional y estatutario sobre la acción exterior y europea 
de las Comunidades Autónomas”. 
 
Sobre la misma causa de recusación del artículo 219.6 de la LOPJ también 
debe subrayarse que el objeto del trabajo del Excmo. Sr. Don Pablo Pérez 
Tremps no coincide en absoluto con el objeto del recurso de 
inconstitucionalidad núm. 8045-2006. Éste se proyecta sobre el texto de la 
reforma estatutaria aprobada por las Cortes Generales (LO 6/2006) mientras 
que el estudio realizado por el Excmo. Sr. Don Pablo Pérez Tremps es 
notablemente anterior en el tiempo – fue publicado en 2004 – cuando el texto 
estatutario ni tan siquiera existía como proyecto articulado y tiene un alcance 
indiscutiblemente más amplio que el limitado a un ámbito territorial 
determinado. Los elementos cronológicos no requieren especial demostración 
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