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Yuleida Artigas D.


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Gestión política y desarrollo social en Mérida durante el Trienio Democrático 1945-1948 
Yuleida Artigas D.  
Universidad de los Andes 
yuleida2artigas@hotmail.com  
 
Resumen 
El conocimiento en las regiones venezolanas del devenir de los tres años denominados por la 
historiografía venezolana como “democráticos” o “trienio adeco”, será el objeto del presente 
estudio, específicamente para el caso del Estado Mérida, donde las pugnas por el control del 
poder de las organizaciones políticas y la intervención de la Iglesia Católica de la entidad 
andina, le dieron un matiz muy particular al período.  
Palabras clave: Mérida, trienio democrático, gobernabilidad, desarrollo social.  
 
Political administration and social development in the State of Merida during the 
triennial period 1945-1948 
 
Summary 
This article deals with the period of three years in the Venezuelan regions, best known by the 
Venezuelan historiography as the Democratic Action's triennial period. This analysis 
specifically focuses on the case of the State of Merida, which was characterized by struggles. 
These struggles had an aim: the control of the power of political organizations. This period of 
time was also distinguished by the intervention of the Catholic Church. 
Key words: Mérida, democratic triennial period, governance, social development. 
 
 
Recibido 10/05/2011                    Aprobado 14/06/2011 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
I. Introducción 
El periodo que se inicia en Venezuela el 18 de octubre de 1945 y se extiende hasta el 28 de 
noviembre de 1948, constituye una de las primeras experiencias políticas de carácter 
eminentemente democrática en nuestro país1. Con ella se da inicio a un conjunto de 
acontecimientos que significarían para la historia política venezolana de profundas novedades, 
y en otros casos simples reacomodos de procedimientos existentes en los regímenes anteriores. 
El derrocamiento, por vía de la fuerza, del Presidente de la República, general Isaías Medina 
Angarita, permitiría la instauración de la denominada “Junta Revolucionaria de Gobierno”, de 
conformación cívico-militar, dando inicio a lo que tanto civiles como militares que la 
integraban llamaron la “Revolución de Octubre”2. Dicha revolución o Junta de Gobierno 
estuvo integrada por cinco civiles y dos militares. Entre los primeros, quien la presidía, 
Rómulo Betancourt; además de Gonzalo Barrios, Luís Beltrán Prieto Figueroa, Raúl Leoni, 
dirigentes del partido Acción Democrática; y Edmundo Fernández, contacto independiente 
entre civiles y militares. Los oficiales del ejército que la componían eran Carlos Delgado 
Chalbaud y Mario Ricardo Vargas.  
Entre los principales objetivos de la Junta Revolucionaria de Gobierno, reiteradamente 
difundidos y expuestos como bandera revolucionaria, estaban los de devolver o “reintegrar al 
pueblo su soberanía”, es decir; convocar de inmediato a elecciones por sufragio secreto, 
directo y universal, a una Constituyente que redactara la nueva Carta Magna. Dicho objetivo 
se cumplió en los siguientes tres años. Se convocaron a elecciones para la elección de una 
Asamblea Nacional Constituyente el 27 de octubre de 1946, luego; a casi un año de dicho 
proceso, el 14 de diciembre de 1947, se realizan comicios para la elección del Presidente de la 
República, Senadores, Diputados y representantes a las Asambleas Legislativas de los estados 
del país. Sin duda, los procesos electorales permitieron  una nueva experiencia política en el 
conglomerado venezolano, innovaciones en la realización de campañas electorales con la 
participación de los distintos y nuevos partidos políticos que se constituyeron, legalizaron o 
continuaron funcionando durante el periodo. Esas organizaciones políticas actuaron a lo largo 
y ancho del territorio nacional, con sus particularidades y en defensa de los intereses 
regionales o locales; tal es el caso del Táchira o Mérida, donde se pudo apreciar la más férrea 
 
3 
 
 
y contundente oposición al partido en ejercicio del gobierno durante el Trienio, a través de la 
Junta Revolucionaria Nacional, Acción Democrática3. 
Durante el periodo del Trienio democrático se implementaron medidas políticas, 
educativas, económicas y sociales que tuvieron profundas repercusiones nacional y 
regionalmente. No cabe duda que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, 
representó la primigenia oportunidad de la provincia venezolana en la Historia política del 
país, de ver íntegramente representados sus intereses ante un cuerpo legislativo nacional. No 
obstante, las conveniencias del partido mayoritario en dicha Constituyente, Acción 
Democrática, terminaron boicoteando la posibilidad de lograr en la Carta Magna por ella 
redactada, de una verdadera descentralización, en beneficio de los Estados del país4. Otros 
decretos y disposiciones de la Junta Revolucionaria de Gobierno durante el Trienio también 
levantaron opinión, aprobación o rechazo en el interior del país: el “Decreto 321” en materia 
educativa; los juicios contra el peculado a los funcionarios de los regímenes anteriores, 
ejecutados por el Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa; las disposiciones en 
materia de fomento y obras publicas; el carácter permisivo del gobierno “revolucionario” 
frente a las manifestaciones comunistas; y su posición marcadamente laica en distintos 
aspectos de su actuación política, entre otros, repercutieron directamente en el devenir político 
de la provincia venezolana en general, y merideña en particular, configurando un ambiente 
agitado y en algunos casos de violencia electoral y social en la entidad. 
Afortunadamente las fuentes de este periodo para Mérida se localizan sin ninguna 
contrariedad, resultando las de mayor importancia para conocer la gestión administrativa, las 
Memorias de gobierno; y para la cuestión política y su discurso oficial, sin duda alguna los 
Mensajes Presidenciales. De igual manera, se investigó en la prensa de la época la versión 
oficial y de la oposición al gobierno de la Junta Revolucionaria en Mérida, prestando especial 
interés al desarrollo y actuación de esas organizaciones o partidos políticos opositores que, 
para el caso merideño, significó una de las más exitosas electoralmente en el país, tal como se 
refleja en los resultados de los distintos comicios que se desarrollaron durante el trienio 
democrático en Venezuela. 
 
 
4 
 
 
II. Gestión Política en Mérida. 1945-1948 
1.- Preferiblemente “Blancos”.  Sectarismo Adeco 
El 23 de octubre de 1945, el Dr. Luís Alberto Carnevali Rangel, asume como Presidente 
del Estado Mérida, designado por la Junta Revolucionaria Nacional. Carnevali era oriundo del 
páramo merideño, pues nació en Mucurubá, el 28 de septiembre de 1914; político reconocido 
en su entidad natal, perteneciente a las filas de Acción Democrática. Fue recibido por la prensa 
regional con “normal” beneplácito, fundamentalmente por el que se constituiría en el principal 
medio de opinión opositor a su gobierno, el diario El Vigilante5, el cual, inexplicablemente, no 
reseñó entre sus páginas del 19 de octubre, el golpe cívico-militar del día anterior6, guardando 
silencio hasta el 25 de aquel mes, cuando en nota editorial de primera página tituló “La 
Revolución Venezolana”, señalando: “… la celeridad sorprendente como había sido derrocado 
el Presidente de la República, General Medina y todo su gobierno…”7. Ese mismo día, el 
diario informó en columna más pequeña que “… cuando entre nosotros se supo que el partido 
Acción Democrática colaboraba con la juventud del ejército en este desconcertante plan 
revolucionario, todos pensamos que si triunfaba la revolución, Alberto Carnevali sería el 
Presidente de los merideños. El es uno de los más fuertes pilares del partido y una de las 
figuras más valiosas de la juventud de Mérida…”8. No obstante, tan cálidos conceptos sobre el 
nuevo magistrado regional, se irían congelando con el correr de los meses, siendo fuertemente 
atacada su gestión a través de dicho diario, sobre todo contra lo que sus editores y 
colaboradores consideraron uno de sus peores procedimientos, el “sectarismo”, fiel réplica de 
lo que ejecutaba el partido Acción Democrática en todo el territorio nacional.  
A finales de octubre de 1945, el Presidente del Estado Mérida aseguró enfáticamente 
“…que no se impondría un modo de pensar a los ciudadanos…”, e hizo suya la consigna de la 
Junta Revolucionaria de Gobierno, según la cual “…todos los partidos y los ciudadanos, 
gozarán no sólo de la más absoluta e imperturbable libertad, sino de participación en los 
cargos del gobierno para los que tengan reconocida capacidad…”9. Incluso, en la Gaceta 
Oficial del Estado Mérida, Carnevali hizo publicar en noviembre de 1945, información sobre 
unas charlas consultivas que el gobierno del Estado sostenía con algunos funcionarios, con la 
finalidad de ratificar que “… el gobierno revolucionario separa perfectamente el empleado 
 
5 
 
 
político del empleado técnico”, e incluso señaló que “…AD canceló por un tiempo las 
inscripciones de nuevos miembros, para evitar malos entendidos, es decir; para que todos se 
den cuenta de que no es necesario pertenecer a AD para poder desempeñar un cargo 
público”10.  
Comenzaba la gestión de Carnevali y estaba su ánimo cargado de buenas intenciones; no 
obstante, ya se denunciaba en la prensa regional las posiciones sectarias de Acción 
Democrática en la política central. Es así como, ante la entrega a la Junta Revolucionaria de 
Gobierno por la “Comisión Redactora del Anteproyecto de Estatuto Electoral”, en febrero de 
1946, se señalaba en El Vigilante que “… quisiera Dios que el Estatuto refleje en verdad la 
opinión del pueblo venezolano honrado y leal y no la opinión de un determinado grupo 
sectario”11. Un mes más tarde, dicho diario publicó, haciéndose eco de esos planteamientos, 
un artículo del periódico Acción, en el cual se exponía el peligro que representaba la supresión 
total o parcial de garantías constitucionales, para que no terminaran siendo motivo “…que se 
le aproveche a favor de caprichos o conveniencias partidistas…”12. El sectarismo de Acción 
Democrática fue atacado constantemente en la prensa merideña e incluso a través de ella se 
llamó la atención de las Fuerzas Armadas para que no se prestaran a tan funestos 
procedimientos, recordándoles que ellas “…no pueden, sin mengua de la dignidad nacional, 
servir de apoyo exclusivista a facciones partidarias, ayunas de convivencia y ennegrecidas en 
el goce de la fuerza…”.13  
El partido político más importante del Estado Mérida, tal como quedaría demostrado 
electoralmente en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de octubre de 1946, la 
“Unión Federal Republicana”, dirigió un remitido en mayo de ese año, a la Unión Militar 
Patriótica, solicitándole la constitución de un gobierno imparcial, ya que “… la proximidad de 
las elecciones exige que el gobierno se estructure sobre las bases de imparcialidad absoluta 
como prenda del libre ejercicio del derecho de sufragio. La hegemonía exclusivista que ha 
asumido Acción Democrática en el poder, nos inspira serios temores, no sólo en lo 
concerniente  a la pureza electoral, sino en lo tocante al normal desenvolvimiento de dicho 
proceso”14. El Presidente del Estado Mérida, Alberto Carnevali, en defensa de su envestidura y 
partido político, días antes de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, y en 
 
6 
 
 
virtud de que la principal bandera de la oposición política de su entidad era el sectarismo de su 
organización, señaló en Mensaje que dirigió al pueblo merideño, con motivo del primer 
aniversario de la “Revolución” el 19 de octubre de 1946, que “… en Mérida como en toda la 
República, hay empleados administrativos de todos los partidos. En Mérida sólo un miembro 
del poder judicial superior pertenece a Acción Democrática, los demás pertenecen casi todos a 
partidos adversarios y algunos son candidatos”15. 
No sólo durante el gobierno de Alberto Carnevali su partido recibió fuertes críticas contra 
el sectarismo que practicaba sin reservas de ningún tipo, pues, su sucesor en la presidencia del 
Estado, el Dr. Antonio Parra León, fue acérrimamente señalado en la prensa regional, por sus 
prácticas a la hora de asignar empleos en las obras públicas de la entidad, ya que se suponía 
que “…para trabajar en las obras publicas estadales, a los obreros les precisa pertenecer al 
partido de gobierno…”, según lo refería el editorial de El Vigilante del 24 de noviembre de 
1947, y además que “… si la cosa es verdad, significa que el gobierno del Estado Mérida 
desea transitar por el mismo camino que condujo al Dr. Alberto Carnevali al más rotundo 
fracaso…”16, aludiendo sin duda alguna, a la derrota de Acción Democrática en el Estado 
Mérida en las elecciones para elegir representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. 
Días más tarde, en otro editorial titulado “El sectarismo del gobierno”, el diario denuncia una 
nueva ola de represalias desencadenadas en Mérida por el partido Acción Democrática, y 
señala que “Parece ser que regresamos a los tiempos anteriores al 27 de octubre de 1946, 
cuando se creyó ganar las elecciones destituyendo jueces, maestros, empleados de diversa 
categoría y hasta a obreros de las obras públicas. Nosotros llegamos a creer que el gobierno 
del Dr. Parra León iniciaría una era de convivencia y concordia,  que llevaría la tranquilidad 
permanente a la familia merideña”17. Fue el sectarismo, sin duda alguna, una de las peores 
taras políticas de Acción Democrática, y una de las causas de su fracaso electoral en Mérida.  
 2.- La violencia verbal y física Adeca contra sus opositores 
La oposición política al gobierno que ejercía Acción Democrática a través de la Junta 
Revolucionaria se manifestó constantemente, como ya hemos señalado, a través de la prensa, 
fundamentalmente reprobando los procedimientos sectarios de dicho partido, y sus actitudes 
 
7 
 
 
de violencia verbal y física frente a sus oponentes políticos. La conformación inicial de la 
Junta Revolucionaria de Gobierno por actores militares y civiles, adecos e independientes, así 
como de otros personajes que ocuparon cargos de relevancia nacional, produjo un clima de 
confianza ante las actividades que realizaba la Junta en sus primeros meses de gestión. Uno de 
esos funcionarios fue el Dr. Rafael Caldera, quien ocupó la Procuraduría General de la 
República hasta el 13 de abril de 1946, cuando renunció porque vivió muy de cerca la 
violencia de “… un grupito irresponsable dirigido por elementos de Acción Democrática que 
había insultado y apedreado a una Comisión de estudiantes y damas de COPEI en la población 
de La Grita”18; y es que el dirigente copeyano se encontraba en San Cristóbal, Estado Táchira, 
cuando ocurrieron esos eventos violentos en tan cercana localidad, e inclusive se disponía a 
realizar un mitin en la capital tachirense, y un día antes del acto “… circuló hoja anónima 
instando aquí a repetir atentado, fracasando totalmente”19. Los actos de violencia conllevaron 
al líder socialcristiano a presentar ante la Junta Revolucionaria de Gobierno su renuncia 
irrevocable, pues consideraba que “… no puedo colaborar en cargo público con un partido que 
usa tales atentatorios métodos…”20. La renuncia de Caldera se hizo circular a través de una 
hoja suelta en la que también se difundió la opinión de su partido, COPEI, ante tales actos, 
señalando dicha organización que los atropellos contra ellos cometidos eran constantes, los 
cuales creaban un ambiente de descrédito y “… rechazo contra los postulados teóricos de la 
Revolución…”21; y fijando su oposición a los argumentos de que el gobierno y Acción 
Democrática fuesen dos cosas distintas, pues consideraban que “… en el interior del país 
Acción Democrática actúa ejecutivamente en función de gobierno, en forma sectaria, arbitraria 
y egoísta”22, pues era preciso saber que “En los ejecutivos estadales, la preponderancia de 
Acción Democrática es evidente. Y es necesario no conocer a la Provincia, para olvidar el 
influjo agobiador que el gobierno ejerce sobre movimientos de los ciudadanos”23.  
El mismo día que se suscitaron los sucesos en San Cristóbal, 13 de abril de 1946, el 
Ministro de Relaciones Interiores, Mayor Mario Vargas C., dirigió una circular a los gobiernos 
regionales, con especial al del Estado Anzoátegui, para que girara instrucciones “…a las 
autoridades subalternas de su jurisdicción, a fin de que se imponga un clima de libertad y de 
respeto por las distintas corrientes políticas; que se den facilidades para la constitución de 
agrupaciones de tal índole…”24. Eso lo requería pues ya conocía su despacho distintas 
 
8 
 
 
protestas por causa de la violencia de los partidarios acción democratistas, y no sólo a él, sino 
que “… a la Junta de Gobierno llegan protestas de partidos políticos que han sido atropellados 
en el interior de la República, de las cuales algunas son infundadas y otras verdaderas”25.  
En editorial del diario El Vigilante se publicó con el título “¿En Mérida también?”, unas 
reflexiones sobre la posibilidad de que los distintos actos de “salvajismo” político que se 
habían suscitado hasta entonces en todo el territorio nacional, se escenificaran en territorio 
merideño, procedimientos que consideraban “… hechos vergonzosos para el partido AD y que 
lo desprestigia por culpa de algunos dirigentes que, tal vez egresados de regímenes anteriores 
e incorporados al nuevo movimiento, han tomado tan sólo un ligero baño exterior 
democrático, conservando todas las viejas mañas, herencia de sus antepasados políticos”26. La 
pregunta quedó en el aire, pero a escasos dos meses después, parece que se encontró respuesta, 
pues se publicó en el mismo diario, editorial en el cual lamentaban unas palabras pronunciadas 
por el Presidente del estado Mérida, Alberto Carnevali, quien en la plaza Bolívar de la capital 
de esa entidad “…despojado de su mesura y en arrebato de pasión y de violencia, se expresara 
de manera irrespetuosa, para decir lo menos, contra los partidos políticos locales, en cuyas 
filas militan jóvenes honestos e incorruptibles, calificándolos de gomecistas', cobardes', 
mentirosos' y otros epítetos”27. Los señalamientos sobre la violencia no fue sólo en momentos 
de campaña electoral, sobre todo en Mérida donde la mayoría de los votantes favoreció a 
organizaciones opuestas al partido Acción Democrática, ganándoles todas las disputas 
electorales desarrolladas durante el trienio, salvo las presidenciales. La organización triunfante 
siempre fue la “Unión Federal Republicana” la cual, incluso después del último proceso 
electoral se vio amenazada por dicha violencia, cuando se hizo circular un Comunicado de 
Acción Democrática, donde se incitaba “…abierta y descaradamente a las masas para que 
ejecuten actos de violencia, en supuesta represalia contra familia y pueblo merideño, que en 
jornada cívica del 10 de mayo dio el triunfo electoral a nuestro partido UFR”28, razón por la 
cual emplazaban al gobierno del Estado para que resguardara “…la paz y la seguridad a la que 
tiene derecho el pueblo merideño, mayoritariamente representado en UFR”29. 
La oposición al partido Acción Democrática y la opinión pública merideña no percibieron 
el deslinde entre las actuaciones de dicha organización y las funciones de la Junta 
 
9 
 
 
Revolucionaria de Gobierno. Se consideró que muchas de ellas estaban moldeadas por un 
marcado sectarismo y ventajismo frente a las distintas corrientes y organizaciones políticas 
opositoras, por la actitud permisible y cómplice de los funcionarios del gobierno, frente a los 
actos de violencia verbal y física que a lo largo del territorio nacional y merideño en particular, 
debieron enfrentar líderes y partidarios de organizaciones opositoras a Acción Democrática. 
No obstante, cabe destacar que los señalamientos sobre el sectarismo y la violencia adeca, en 
buena medida, fue un efecto de la propaganda política de quienes le adversaban, pues no 
localizamos evidencia documental contundente que la constatara. 
 3.- Oposición política ¿A la Junta Revolucionaria de Gobierno o a Acción 
Democrática? 
 3.1 Organizaciones políticas en Mérida durante el Trienio democrático 
Uno de los elementos representativos del Trienio democrático en Venezuela es que 
propició la conformación de un moderno sistema de partidos, como consecuencia clara del 
vacío organizacional que el país experimentó tras la muerte de Juan Vicente Gómez y  por la 
necesidad de sistematizar políticamente los diversos factores de la vida social. Una vez 
instaurada la Junta Revolucionaria de Gobierno en Caracas, en Mérida comienza la 
legalización de una serie de partidos políticos, emanaciones de organizaciones de carácter 
nacional y en otros casos, eminentemente regionales; así como la disolución de las 
agrupaciones políticas que apoyaban las candidaturas de Eleazar López Contreras e Isaías 
Medina Angarita, es decir “La agrupación pro-candidatura presidencial” y el “Partido 
Democrático Venezolano”30, claros enemigos del nuevo gobierno. Un total de siete 
agrupaciones políticas fueron legalizadas entre octubre de 1945 y diciembre de 1947, estas 
son: La Organización Democrática Electoral, ODE; el Partido Socialista Venezolano, PSV; la 
Unión Independiente Electoral, UIE; el Comité de Organización Política Electoral, COPEI; el 
Frente Independiente Democrático Electoral, FIDE; la Unión Republicana Democrática, URD; 
y la Unión Federal Republicana, UFR31. Este último sin duda alguna, llegó a contar con una 
amplia base popular y decidido apoyo de la Iglesia Católica, que dieron sus frutos en 
importantes triunfos electorales durante el trienio democrático. 
 
10 
 
 
La definición ideológica de la UFR como partido político es de derecha, y entre sus 
principios genésicos estaba la consecución del “engrandecimiento de la patria, de la familia y 
de la religión”32, los cuales sin duda alguna le valieron el apoyo irrestricto de la Iglesia 
Católica, fundamental en una región fielmente devota a sus preceptos. Esta agrupación política 
nace en Mérida el 18 de mayo de 1946, cuando se legaliza por decreto del Ejecutivo del 
Estado, por solicitud de los ciudadanos: José R. Febres Cordero, Dr. Humberto Ruiz Fonseca, 
Dr. A. González Puccini, Dr. Homero Sánchez Berti, Dr. Carlos Quintero Delgado, Br. José R. 
Barrios Mora y Ramón Gómez Castro33. Dos semanas después, comenzaron a difundir por la 
prensa de la entidad, la apertura de sus Oficinas de Inscripción y el horario de atención al 
público en la ciudad34. Sus actividades continuaron con el propósito de lograr un primer 
objetivo, la participación mayoritaria de la organización en la Asamblea Nacional 
Constituyente en octubre de 1946.  El 29 de septiembre de 1946 difundieron a la opinión 
pública el listado de sus candidatos, entre quienes se encontraban dos sacerdotes católicos: el 
Presbítero Dr. José Rafael Pulido Méndez y el Presbítero Octavio Rincón Santos35. El triunfo 
de la UFR en las elecciones de octubre fue contundente, obtuvo la preferencia de la mayoría 
del electorado frente a su más cercano contendor, Acción Democrática. Los representantes 
electos por la UFR fueron: Pbro. Dr. José Rafael Pulido Méndez, Br. José Ramón Barrios 
Mora, Dr. José Desiderio Gómez Mora, y el Dr. Carlos Quintero Delgado y los de AD el Dr. 
Rigoberto Henríquez Vera, el Br. Domingo Alberto Rangel y el Lic. Antonio Pinto Salinas36. 
El número de inscritos por Mérida para participar en dicho proceso fue de 80.902 y 
participaron 67.972 electores, con una abstención de 12.930; de esos votantes la UFR obtuvo 
38.306 votos frente a 24.474 de AD, es decir; el 56,46%37. 
El apoyo mutuo de la Iglesia Católica merideña y la UFR se manifestó en su igualdad de 
posiciones frente a diversos aspectos que afectaban los dogmas de aquella y los principios 
doctrinarios de éstos. La disposición de implementar el Decreto-Ley Nº 321, que discriminaba 
en materia educativa a las instituciones privadas, mayoritariamente dirigidas por la Iglesia 
Católica, fue duramente criticado por los dirigentes de la UFR. El 07 de junio de 1946 
publicaron en la prensa un comunicado en el cual tildaban al mencionado precepto legal de 
anti-constitucional, pues “… contiene una negación del principio constitucional de la igualdad 
y es un atentado contra la libertad de enseñanza”38, contraviniendo los postulados 
 
11 
 
 
programáticos de la UFR de “… fomentar y proteger la enseñanza privada, que el aludido 
decreto sitúa en un plano de inferioridad manifiesta…”39. Luego del triunfo de la UFR para 
elegir representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, un nuevo reto electoral se le 
presentó a dicha organización, las de elección de Presidente de la República, Senadores, 
Diputados y representantes a las Asambleas Legislativas, en diciembre de 1947. El éxito 
electoral los acompañó nuevamente, pues ocuparon las dos senadurías del Estado, a través de 
los doctores José Desiderio Gómez Mora y José Rafael Febres Cordero; y también mayoría en 
la cámara de Diputados con tres representantes: Br. José Ramón Barrios Mora, Br. Edecio La 
Riva Araujo y Dr. Carlos Febres Pobeda; frente a los dos representantes por Acción 
Democrática, Br. Domingo Alberto Rangel y Dr. Rigoberto Henríquez Vera40. La suerte de su 
candidato a la presidencia de la República, Dr. Rafael Caldera, postulado por COPEI, no fue la 
misma, pues salió derrotado por Rómulo Gallegos, de AD; algo lógico, tomando en cuenta que 
UFR era una agrupación regional.  
La próxima contienda electoral que afrontó la UFR en Mérida fue la convocada para elegir 
los representantes de los Concejos Municipales en mayo de 1948, cuando obtiene 24 
concejales frente a 18 de Acción Democrática, triunfando en 5 de los 8 Distritos que se 
disputaban estos cargos en el Estado41. Su participación fue exitosa, fundamentalmente en el 
Distrito más importante del Estado, El Libertador, para el cual se postuló y ganó el presbítero 
José Manuel Maggiorani42, Director del diario El Vigilante hasta finales de 1947; como reflejo 
de que la Iglesia Católica y la UFR conformaron una unión sólida frente al partido Acción 
Democrática en Mérida, sin poderse deslindar cuándo éste órgano informativo de “intereses 
generales” actuó como instrumento de opinión de la institución religiosa o de dicha 
organización política. Esa alianza tácita prácticamente controló la oposición política en la 
entidad andina frente a las distintas medidas del gobierno nacional, a través de la Junta 
Revolucionaria Central y del Ejecutivo del Estado, enarbolando las mismas banderas contra el 
sectarismo y la violencia de acción democratistas y los desaciertos del gobierno del trienio.  
 
 
 
12 
 
 
3.2 Algo más que la palabra de Dios. La Iglesia Católica en Mérida. Actuación 
política. 1945-1948 
 3.2.1 El Anti-Comunismo 
La participación decidida de la Iglesia Católica en apoyo al partido Unión Federal 
Republicana y en oposición a Acción Democrática, fue determinante para que aquella 
organización alcanzara el triunfo electoral en todas las contiendas que se desarrollaron en el 
país y el Estado Mérida durante el trienio democrático. Entre las planchas de la UFR se 
encontraban tres sacerdotes, los presbíteros Dr. José Rafael Pulido Méndez, Octavio Rincón 
Santos y José Manuel Maggiorani, éste último quien redactara o diera el visto bueno, como 
Director del diario El Vigilante, medio impreso de mayor oposición al gobierno de la Junta 
Revolucionaria y de Acción Democrática, de todos los editoriales y artículos difundidos con 
dicho fin. La Iglesia Católica constantemente atacó todas las medidas ejecutadas por el 
gobierno que pudieran soslayar sus principios o dogmas, así como sus intereses 
constitucionales y en algunos casos los personales. Frente al Comunismo desarrolló una 
acérrima oposición, por considerarlo anti-clerical y peligroso para las libertades individuales y 
colectivas, pero fundamentalmente por ateo. Si bien en los primeros meses del trienio 
democrático no señalaron directamente como comunistas o pro-comunistas los procedimientos 
de la Junta Revolucionaria de Gobierno, con la cercanía de los procesos electorales sus 
señalamientos se hicieron más directos. Aunque no podríamos tildar algunas de las medidas 
ejecutivas del gobierno de ese periodo como de tendencia pro-marxista, pero si de izquierda43, 
con un profundo sentido laico, aunque no anti-clerical; pero que indudablemente terminaban 
confrontando a los preceptos de la doctrina católica.  
En El Vigilante se publicaron innumerables artículos contra el comunismo, en espacios 
principales y secundarios. Incluso, como ya lo señalamos, el 19 de octubre de 1945, su 
editorial de primera plana fue titulado “Algunos errores fundamentales del Marxismo”44, sin 
ningún espacio dedicado a informar los importantes sucesos del día anterior. Se alertaba 
constantemente a la población católica sobre el peligro para los fieles, que conllevaba los 
gobiernos comunistas, pues señalaban como “… afirmar después de 26 años de historia 
comunista, que el comunismo no persigue a la Religión, es como decir que el diablo o Lenin 
 
13 
 
 
rezaban todos los días el yo pecador…”45. Días más tarde la Iglesia Católica a través de ese 
diario, alertaba como “… un grupito de comunistas que pulula en esta ciudad, sabiendo que 
nuestro pueblo es eminentemente católico, se ha dado a la tarea de propagar que el comunismo 
no es enemigo de la Religión, con el deliberado propósito de atraer prosélitos a su minúsculo 
partido…”46, así como que el comunismo era un sistema que no podría atraer a la clase 
trabajadora, porque ésta lucha “… por adquirir una independencia económica y bajo la férrea 
dictadura comunista el trabajador es un esclavo del Estado…”47. A tal llegó el rechazo de la 
Iglesia católica merideña por el comunismo que proponía una medida anti-democrática y 
discriminatoria, sugiriéndole al “… gobierno averigüe la filiación política de todos los 
empleados públicos y pongan en cesantía inmediata a aquellos que pertenezcan al partido 
Comunista, pues los empleados públicos comunistas constituyen un grandísimo peligro para el 
Estado y para los ciudadanos....”48. Con lo cual se advierte que desde la Iglesia se era más 
sectario y violento que desde el propio partido de gobierno. 
Las acusaciones sobre las filiaciones o simpatías de los acción democratistas que 
componían la Junta Revolucionaria de Gobierno y del partido AD en general, se hicieron más 
directas después de mediados de 1946. En El Vigilante se publica editorial titulado 
“Responsabilidad máxima”, un claro llamado a los fieles católicos sobre cómo debía ser su 
intención del voto en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, señalándoles que 
“… no podemos votar por materialistas disfrazados, como no lo podemos hacer por marxistas 
abiertos. No podemos votar por impíos, ateos o dictadores educacionales. El laicismo ha sido 
la enorme gangrena de nuestra educación y hoy, cuando felinamente quiere apoderarse de los 
resortes del Estado para acogotar a los católicos por la fuerza, deprimir la enseñanza 
religiosa…”49, en clara alusión a los comunistas, a los adecos y en contra del señalado decreto 
321. 
En el año 1947 siguieron generándose opiniones en torno a las discusiones de la Asamblea 
Nacional Constituyente. Se expresaba el temor de que la mayoría adeca en ese Cuerpo 
terminara favoreciendo la conformación de un Estado Totalitario Marxista, “…preocupación 
harto justificada. Hechos palpables… decisiones peligrosas de la Asamblea Nacional 
Constituyente y manifestaciones inequívocas, aunque furtivas, de hombres representativos del 
 
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partido gubernamental, comprueban la existencia del peligro con impresionante elocuencia.”50. 
Posteriormente se resaltaba los estrechos vínculos que siempre habían existido entre los 
partidos Acción Democrática y Comunista de Venezuela, llegando al punto tal que en sesiones 
de febrero del año 1948, el Senador por Acción Democrática, Pérez Salinas señaló que “… no 
está interesado el gobierno actual en decretar una campaña anti-comunista”51. 
 3.2.2 Entre sermones y mítines: Actuación política del clero merideño 
En un pueblo tradicional y profundamente religioso como el merideño, donde 
históricamente desde el período colonial, la Iglesia católica local había tenido una gran 
influencia en los individuos, cualquier actitud en su contra era vista como anti-clerical y 
perniciosa. A su vez, la participación de los ministros de esa Iglesia en la política, era atacada 
con pugnacidad por sus opositores, generando una clara polarización. Este fue el escenario en 
el cual se desarrolló la gestión política en el trienio democrático. Los señalamientos hechos 
por Alberto Carnevali, Presidente del Estado, en su Mensaje Presidencial de octubre de 
194652, son muy elocuentes, pues afirmaba que había un aspecto del agitado momento político 
de entonces “… que no es posible silenciar: la intervención de los sacerdotes en la actividad 
política. A nadie puede extrañar esta intervención porque también son ciudadanos con 
derechos políticos… lo censurable es que algunos se lancen a la ofensiva política con el 
desenfado de cualquier ciudadano y luego pretendan erigirse intocables como sacerdotes a la 
hora de la réplica…”53. También señalaba en esa intervención como algunos sembraban en la 
población la irracional e injuriosa angustia “… ante la falsa amenaza de que elementos 
revolucionarios arrebaten de los hogares imágenes y cuadros religiosos y los quemen en pira 
espectacular…”54, en clara alusión a los rumores que hacían correr los representantes de la 
Iglesia Católica entre la feligresía merideña.  
Frente a los argumentos del gobierno sobre la perniciosa participación de clérigos en la 
política, respondieron afirmando que si ellos se prestaran para “inscribirse en el partido del 
gobierno, hablar en público en sus mítines haciéndole propaganda al mismo…”, entonces no 
estaría mal su intervención política y que por el contrario, consideraban que meterse en 
política era “… ser neutral, sin parcialidades, decir qué gentes de malas ideas o programas no 
pueden ser favorecidos por el voto de los católicos…”55. Esos señalamientos del gobierno y 

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